Situació de les presons a l’Estat espanyol

“En el sistema penitenciario español, se calcula que ahora mismo hay 48.000 plazas útiles para 70.000 presos y presas, es decir que faltan plazas. Esto va a potenciar el uso de sistemas telemáticos de control. Además, está programada la construcción de 9 nuevas cárceles de las que 5 son macrocárceles-tipo de 1.008 plazas. Van a tardar unos cuatro años en construirlo con lo cual es probable que de aquí a 4 años haya unas 7.000 u 8.000 plazas nuevas en cárceles nuevas. Pero eso no serviría ni siquiera para reducir la masificación que existe ahora. Y al actual ritmo de crecimiento de la población penitenciaria de aquí a cinco años podemos estar rondando los 90.000 presos y presas. Es decir que las nuevas cárceles ya están llenas antes de inaugurarlas, que es una de las cosas contra las que en Salhaketa estamos luchando ahora mismo, porque creemos que la solución a la saturación no debe ser más cárcel, la solución a la masificación tiene que ser la ampliación de los regímenes de vida fuera de prisión: más terceros grados con un control distinto al telemático, libertades condicionales y sobre todo, para empezar, la excarcelación de las personas que ahora mismo ya no tendrían que estar en prisión por su situación personal de enfermedad. Por otro lado el 70-80% de las personas presas sigue estándolo por motivos relacionados con el consumo o tráfico de drogas, nosotros creemos que despenalizando el consumo evidentemente ya estaríamos solucionando gran parte del problema. Sobre todo, porque no creemos que la cárcel sirva para reinsertar, lo que creemos es que tiene que haber una política social que evite la entrada en prisión, porque ahora mismo la inmensa mayoría de la gente que va a prisión va porque es pobre y va porque han fracasado todos los supuestos servicios sociales, que dicen que existen y que yo sigo sin ver por ningún lado, y que tendrían que ser los que evidentemente evitaran determinadas situaciones de delito.

Para empezar, con una mejor redistribución de la riqueza el índice de delitos no es sólo que bajara, es que estaríamos hablando de una sociedad totalmente distinta en la que probablemente la cárcel sería una cosa que no tendría ninguna función ni ninguna necesidad. La sociedad actual sí que la necesita porque la cárcel no sólo sirve para castigar al que ha cometido un delito, sino que también sirve para avisar a los que estén tentados de cometer un delito, para controlar a los que están en libertad. Nosotros hablamos mucho de que existe un cuarto grado penitenciario, que es en el que estamos todas las personas que todavía no hemos pasado por el sistema judicial ni el sistema carcelario, pero somos controladas por las cámaras que están en cualquier calle, por la policía, por los distintos controles que a todos los niveles que se dan en nuestra sociedad y que lo que busca es la restricción de la libertad y meter el propio policía y el propio carcelero dentro de cada uno de nosotros y de nosotras. El aspecto fundamental de la cárcel es que sirve de ejemplo para el resto de la sociedad, los malos acaban ahí. ¿Y quiénes son los malos? Los que el poder decide que son los malos. De hecho, si nos paramos a ver quiénes están dentro de prisión, veremos que casi el 80% de las personas presas están relacionadas con tema de drogas; más del 37% son extranjeras, y luego hay una serie de personas que lo están por cuestiones ideológicas, los disidentes de este sistema. Combinando estos 3 grupos superamos el 90% de los presos y presas.

Otra categoría importante que suele acabar en la cárcel es la de los enfermos mentales, que se calcula superan el 10% del total. No deberían estar ahí pero, como no hay un sistema de asistencia hospitalaria adecuado, acaban en la cárcel donde sus problemas de sociabilidad y sus problemas mentalesno sólo no se solucionan sino que, al contrario, se agravan. Suelen ser personas que la cárcel cataloga como peligrosas y que por ello mismo suelen terminar en primer grado.”

Manifest de la Concentració davant el CIE de Zona Franca

“Los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, son los lugares que facilitan y permiten las deportaciones de migrantes hacia sus países de origen, fruto de las políticas racistas que cada vez se hacen más intensas y sistemáticas.

En el CIE, las personas son privadas de la libertad por no tener los papeles regularizados, a la espera de una probable expulsión o de poder nuevamente salir a la calle después de 60 días.
En el marco de las políticas de extranjería, del control masivo de fronteras internas y externas, los CIE asumen un rol de gran importancia dentro de un mecanismo que se construye mediante diferentes practicas represivas. Mecanismo que empieza ya mucho antes de haber cruzado las fronteras europeas pero que se define, una vez “adentro”, con los controles continuos de identificación, la militarización de las calles, las redadas.

En los lugares más frecuentados, en el metro, en las paradas de autobus, en las fiestas de barrio, a la salida del trabajo, la policía para, identifica y detiene a las personas siguiendo criterios discriminatorios y racistas. Generando miedo y azuzando el chivatismo, el sistema pretende obtener un cierto número de trabajadorxs exclavizadxs y calladxs y otrxs detenidxs y deportadxs como ejemplos para los demás, para que el miedo se extienda y el control se haga más fuerte.
El paso siguiente es el CIE. Un lugar opaco, desconocido, periférico, aislado. Donde las condiciones son pésimas, los malos tratos y agresiones están a la orden del día y quien no agacha la cabeza es apalizadx brutalmente, amenzadx y aisladx.

Donde la comunicación con los familiares es difícil y humillante y donde muchas veces ni siquiera se conoce lxs proprixs abogadxs y los proprios derechos básicos.

El CIE de la Zona Franca, en Barcelona, es un lugar de difícil comunicación pero muy cerca del aeropuerto, para facilitar las deportaciones, un lugar cuya construcción ha sido seguramente un beneficio enorme de las empresas constructoras y de las que participan de su gestión.

Un lugar donde también en Mayo de este año murió un chico marroquí de 22 años en condiciones extrañas. El poder quiso justificar la muerte diciendo que fue un suicidio, pero otros presos y organizaciones desde el exterior no quisimos asumir la normalidad que se pretendía imponer y comenzó un ciclo de protestas que desembocó en una huelga de hambre que duró una semana desde dentro de la carcel y que fue fuertemente reprimida en el interior del CIE.

Porque los CIE, a pesar de todo tienen que ser y son también lugares de resistencia, y de solidaridad.
Porque la represión y la brutalidad policial no han podido callar las luchas dentro de la carcel ni vencer la oposición a las deportaciones de lxs mismxs presxs y aun menos romper los lazos creados entre ellxs por su propria supervivencia y desde afuera de solidaridad.

Porque no hay que cerrar nunca los ojos ni la boca, hay que cerrar los CIE y acabar con este sistema mortal.

Porque el racismo está en todas partes y queremos acabar con el en todas partes.

La rabia es una, la solidaridad necesaria y no conocen vallas ni muros ni fronteras.”

La realitat penitenciària a Euskal Herria (SALHAKETA)

“Acaba de presentarse públicamente la Red de Entidades Sociales del Ámbito Penitenciario (Esen), integrada en la Red Estatal de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep). No es la primera vez durante los últimos 35 años que se han llevado a cabo iniciativas de este tipo en Euskadi y en el conjunto del Estado. Durante muchos años funcionó la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas y, más recientemente, el Foro Vasco sobre Políticas Sociales y Ejecución Penal, además de diversas plataformas a favor del derecho a la salud en prisiones o en contra de la construcción de macrocárceles. Evidentemente, tanto la composición de estas redes como su forma de interpretar la situación de las personas presas y de concebir «lo penitenciario» era diversa, pero lo que sí tuvieron y tienen en común, entre otras cuestiones, es que la asociación Salhaketa ha participado activamente en las mismas y con una vocación de buscar mínimos comunes que unificaran y unifiquen esfuerzos, buscando consensos para hacer prevalecer lo que nos une más que lo que nos diferencia.

En este contexto, diversos responsables y gestores institucionales evalúan la llamada «realidad penitenciaria en Euskadi». Nosotras, o al menos Salhaketa como entidad que lleva trabajando más de 30 años en relación con esta realidad, queremos aportar nuestra visión sobre las cárceles ubicadas en nuestro territorio y sobre la situación de las personas vascas recluidas aquí y fuera. De entrada, consideramos que después de más de tres décadas desde que se promulgó la Ley General Penitenciaria y su Reglamento, la legislación ha sido modificada en reiteradas ocasiones y no precisamente para avanzar hacia un «derecho penal mínimo» ni, mucho menos, para aplicar el llamado espíritu de los reformadores que supuestamente buscaba «humanizar las penas»; por esto, lo que constatamos como punto de partida es una clara tendencia involucionista.

El balance lo podemos hacer con algunos datos bien precisos: en la actualidad tenemos las tasas de encarcelamiento de personas residentes o con arraigo en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra más altas de nuestra historia reciente, aproximadamente unas 1.800; además, la mayoría de estas personas cumplen sus condenas fuera de la cárceles ubicadas en nuestro territorio (FIES procesados por colaboración o pertenencia a banda armada, mujeres con criaturas a sus cargo, jóvenes, personas presas en terceros países, etcétera). Contamos con una desproporcionada capacidad de plazas en régimen cerrado no solo real, sino potencial con la construcción de nuevas macrocárceles, que duplica el número de plazas necesarias en relación con las personas detenidas y presas bajo custodia penal.

Sin embargo, paradójicamente, nunca las aproximadamente 1.500 personas que pueblan las cárceles ubicadas en territorio vasco han estado en condiciones de confinamiento más penosas, tal y como hemos hecho público en reiteradas ocasiones, denunciado ante las instituciones competentes y a requerimiento de los parlamentos vasco y navarro, documentado en los informes presentados estos años: masificación, condiciones materiales y ambientales de encarcelamiento infrahumanas, carencia de actividades formativas, laborales y de ocupación del tiempo, así como recortes en los presupuestos destinados a productos de primera necesidad y alimentación. Ni que decir tiene el carácter sexista y discriminatorio de la actual política penitenciaria, que ni ha sido ni es capaz de dar respuesta a las necesidades de las mujeres presas, en general, y de aquellas, en particular, que siendo madres sufren una doble condena por encontrase en un sistema de ejecución penal pensado por y para hombres.

No solo no se han materializado las transferencias en materia penitenciaria contempladas en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, sino que el conjunto de servicios, programas y centros privativos y no privativos de libertad que contempla la legislación como los más adecuados en relación a los objetivos de las penas y alternativos al régimen cerrado no se han llegado a crear, y algunos de los escasamente existentes se han reducido o eliminado. Nos referimos a recursos tales como centros de régimen abierto y apoyo social para y a la salida de prisión, unidades dependientes y servicios específicos para mujeres, madres o jóvenes, programas de sustitución y suspensión de la condena en caso de personas presas drogodependientes o con problemas de salud mental (la gran mayoría de la población encarcelada), etcétera.

Pero no seamos pesimistas ante este panorama. Quienes defienden la abolición de la cárcel están de enhorabuena. Esta es la gran ironía al desnudo. Lo que sí se ha consolidado es la tendencia hacia la abolición del recurso al sistema penal en general y carcelario en particular para la gran mayoría de los delitos. Podemos constatar, incluso ya de un modo visible, que la mayoría de los delitos que se perpetran en nuestra sociedad ni se persigue ni se penaliza ni mucho menos se encarcela a sus autores, sobre todo cuando estos son delincuentes de cuello blanco, siendo tan solo apenas unas décimas porcentuales las personas y grupos sociales que, cometiendo hechos delictivos, son objeto de persecución policial, de reprobación penal y de reclusión carcelaria. La delincuencia con mayúsculas sigue campando a sus anchas y se cobra cientos de miles de víctimas. La cárcel sigue operando -además de como un gran negocio del que viven y se lucran muchos- como una instancia estatal de victimización secundaria para con las personas presas y sus familiares.

Lo que planteamos y reivindicamos es bien sencillo. Que si la Administración aún no ha sido tan siquiera capaz de establecer los principios básicos de actuación en materia de prevención y lucha contra el delito y de defensa de la seguridad, entendida como políticas para garantizar el efectivo ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, al menos dé un paso en su política abolicionista y la aplique también a este pequeño grupo de personas definidas como «delincuentes convencionales o fracasados» que hoy son el chivo expiatorio imprescindible para que la cárcel cumpla funciones económicas, políticas e ideológicas perversas y ajenas a lo que establece la legislación que habría de regular su funcionamiento. No pedimos otra cosa que políticas sociales para abolir la prisión destinadas a una clientela mayoritaria reclutada de entre los sectores sociales y económicamente depauperados, desposeídos y excluidos que nunca debieron estar en la cárcel si hubiera existido un verdadero Estado Social y de Derecho.

Durante todos estos años, cientos de asociaciones y recursos, decenas de miles de profesionales y el voluntariado hemos desarrollado un trabajo alternativo a la penalización entendida como castigo, fundamentado en otros pilares como el acompañamiento, el apoyo social y el respeto a los derechos. Hemos demostrado sobradamente que son eficaces y mucho más económicos, con vistas a no criminalizar y mercantilizar la exclusión y la disidencia, y a combatir la criminalidad. El recurso sistemático e indiscriminado a la intervención penal y al encarcelamiento, en la gran mayoría de las ocasiones, no ha sido otra cosa más que la aplicación de una maquinaria pesada, muy costosa y productora de sufrimiento y cruel venganza; es decir, que ha convertido a su vez a los autores de delitos apresados, y por extensión a su entorno familiar y social, en víctimas de la cárcel.

Con vistas a construir un futuro modelo de prevención y lucha contra el delito, que garantice la seguridad de todas las personas, resulta imprescindible contar con la larga y extensa experiencia de entidades sociales que en Euskal Herria y en el resto del Estado hemos ido proponiendo y aplicando acciones, programas y políticas alternativas a la cárcel. Por ello, esta nueva iniciativa de trabajo en Red resulta tan importante para articular propuestas y acciones y, sobre todo, para exigir a la Administración un cambio total y urgente en la actual política criminal, en general, y en la política de ejecución penal, en particular, teniéndose en cuenta la experiencia y visión que parte del trabajo de las entidades que conforman esta Red en Euskadi y en el conjunto del Estado.”

Comunicat sobre la sentència a Mónica i Francisco

“El pasado 30 de marzo se hacía pública la sentencia del juicio a los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. En ella, la sección cuarta de la Audiencia Nacional, presidida por la jueza Ángela Murillo, resuelve condenar a nuestros compañeros a 7 años de prisión por los cargos de “daños con finalidad terrorista” y 5 años más por los cargos de “lesiones con finalidad terrorista”, que suman un total de 12 años de prisión para cada uno de ellos. También son condenados a pagar una indemnización de 22.000€ para la mujer que resultó herida leve en un oído y 182.000€ al Cabildo de Zaragoza por los daños materiales que “sufrió” el templo religioso. Por otro lado, quedan absueltos de “pertenencia a organización terrorista” y de “conspiración”.

La sentencia, que coincide con las modificaciones que hizo la acusación particular durante el juicio, la cual variaba los cargos que finalmente mantenía por su parte, se explica de esta forma:

Pertenencia a GAC/FAI-FRI

Las acusaciones de pertenencia a organización terrorista GAC/FAI-FRI cayeron básicamente por dos cuestiones. La primera de ellas está relacionada con la definición de GAC y FAI-FRI como terrorismo. En sus argumentos y tras una breve descripción de lo que el tribunal considera que es la FAI-FRI, sus métodos y estrategias: “La FAI-FRI es una organización informal paradigma del insurreccionalismo, compuesto por un número indeterminado de grupos de afinidad dispersos por todo el mundo”“Teniendo todas ellas perfectamente acotado a su enemigo genérico- el Estado- no necesitan de un órgano superior jerárquico que las adiestre, organice, y las active para el ataque, actuando de manera independiente y anónima.” Así como de los GAC: “se constituyeron en una especie de coordinadora que supuso una novedosa idea dentro de esta rama del anarquismo, ya que coordina y organiza la violencia, tanto en el ataque con artefactos incendiarios o explosivos al Estado a través de sus símbolos o representantes del sistema, como en su injerencia en movilizaciones colectivas, con el fin de radicalizarlas y provocar fuertes episodios de fractura social.” Reconocen que no pueden ser catalogadas como organizaciones terroristas porque no se ajustan estrictamente a las definiciones que contempla el código penal español y añaden: “una organización de estructura horizontal no es organización.”

La segunda de las cuestiones tiene que ver directamente con la participación de Francisco y Mónica en la FAI-FRI o en los GAC, afirmando que no puede comprobarse que pertenecieran a ningún grupo vinculado con ninguna de estas siglas, considerando que actuaron de forma autónoma.

Estragos/daños con finalidad terrorista

La figura de “estragos con finalidad terrorista” si bien no desaparece del todo, se transforma en “daños con finalidad terrorista”, por lo cual, aunque restan algo de gravedad a los hechos afirmando que el “artefacto explosivo carecía de potencia destructiva” sí que consideran a Mónica y Francisco responsables de la acción en la Basílica del Pilar. Básicamente esta decisión se justifica dando credibilidad a los diferentes informes y testigos policiales, que centran sus argumentos en las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia y los peritos antropométricos, “unido al hecho de ser ambos anarquistas insurreccionalistas que persiguen atacar al Estado”.

Lesiones con finalidad terrorista

Se atiende la demanda por las lesiones que alega la testigo de la explosión, como efecto de la onda expansiva del artefacto explosivo y, de la misma forma que consideran a Mónica y Francisco responsables de la acción, les responsabilizan de las lesiones de esta persona. Por los cargos de lesiones, la acusación particular pedía también la “prohibición de residir en Zaragoza durante 10 años una vez cumplida la sentencia” como medida de alejamiento de la testigo. Esta petición no se ha favorecido en la sentencia.

Conspiración contra el Monasterio de Montserrat

Para imputarles este cargo, les bastó una visita al Monasterio de Montserrat que Mónica y Francisco hicieron justo el día antes de sus detenciones (hecho que los compas siempre reconocieron) poniendo de relevancia que no mostraban interés alguno en las figuras religiosas. A pesar del intento, este cargo desaparece, ya que valoran que no hay suficientes indicios para asegurar que el objetivo de esa visita fuera preparar un ataque.

Tras una breve exposición de la sentencia contra los compañeros, dejando el circo judicial, su lógica y fundamentos a un lado, queremos agregar algunas cosas.

Como anarquistas no reconocemos la justicia del Estado ni nada de lo que la sustenta en su proyecto de Dominio. ¿Pero qué significa ésto exactamente?. Para nosotras significa que de manera activa pretendemos mantener y continuar la lucha contra toda autoridad, sin paralizarnos o perdernos en los vericuetos del entramado legal que nos penaliza. ¿O debemos estar permanentemente poniéndonos en la cabeza del juez, del policía o del carcelero? No parece una actitud que nos corresponda a nosotras. La ofensiva represiva del Estado busca romper vínculos y debilitar luchas, así como seguir profundizando en su tarea de control social en sentido amplio, con las consabidas consecuencias pacificadoras. La práctica del castigo y el “escarmiento” es ya conocida de sobra. De hecho, ahí están las cárceles como máxima expresión de la venganza estatal hacia los rebeldes e indeseables de este mundo, mundo que ha hecho del encierro y el castigo algo natural y asumido.

Más allá de la información técnica y legal, los interrogantes, reflexiones e iniciativas giran entorno a nuestras propias luchas y a todo lo que desde ellas queremos expresar y proyectar. Pensamos que la manera que tenemos de enfrentarnos a la represión dice algo sobre la forma que tenemos de entender la lucha y lanzarnos a ella. En ese sentido, muchas continuaremos poniendo énfasis en la solidaridad y seguiremos insistiendo en el enfrentamiento contra la dominación desde esa perspectiva que concibe la vida y la lucha como algo inseparable. Desde el lugar de la no renuncia a las ideas, la oposición y respuesta a los golpes que nos dan, la ubicamos dentro de nuestro proyecto revolucionario, y desde ahí seguiremos adelante.

Para finalizar, añadir que Francisco ha sido trasladado y se encuentra de nuevo en la prisión de Villabona, Asturias. Mónica continúa hasta la fecha en la cárcel de Estremera.

Desde este lado del mundo, toda la fuerza y solidaridad para Mónica, Francisco y su firme actitud ante el encierro y el tribunal, así como para todos los anarquistas y luchadores que no se rinden y a las revolucionarias que siguen intentando destruir y abrir las jaulas del sistema.

Nuestra más sincera y cálida complicidad con todos aquellos que, antes que albergar pasivamente las ideas, se lanzan frenéticamente a su práctica en sus múltiples formas, posibilitando al presente de la capacidad para seguir intentándolo… ¡Por la anarquía!

Algunas anarquistas.

Barcelona, abril de 2016.”

Comunicat de la Plataforma Nahuel Libertad

“El 4 de novembre de 2015, 6 integrants del col·lectiu Straight Edge Madrid van ser detinguts i acusats per part del tribunal d’excepció de l’Audiència Nacional. Durant la seva detenció van veure vulnerats els seus drets com a detinguts. El seu únic crim és la seva ideologia anarquista, vegana i en contra de tot tipus de drogues. El seu treball és conegut per fer jornades antiespecistes i festes lliures de drogues en què es fomenta un oci alternatiu i saludable per a la joventut. Arran d’aquesta operació repressiva quatre persones van sortir en llibertat amb càrrecs, amb fiances entre els 3.000 i els 10.000 €, i les altres dues persones van ingressar a la presó preventiva sense fiança. Una d’elles va ser en Nahuel, que actualment segueix segrestat per l’Estat en règim F.I.E.S. 3 articulat (destinat a persones perilloses o conflictives). La seva estada a la presó està marcada per l’excepcionalitat, ha estat en aïllament durant 30 dies, no li estan permetent portar una dieta lliure d’ingredients d’origen animal, amb trasllats que han estat comunicats al pres amb menys de 24 hores d’antelació, i el objectiu no és altre que la desconnexió i inadaptació d’en Nahuel. Així com la reducció de les seves trucades, el control en les comunicacions i fins i tot la prohibició d’utilitzar el gimnàs. Fins a mitjans de desembre el procés ha estat sota secret de sumari, el que ha implicat una vulneració al dret a la defensa judicial, per no tenir els advocats coneixement que eren acusats. Mentre els mitjans de comunicació del règim tenien accés a informació a la qual ni acusats ni els seus advocats podien accedir. Actualment el cas està en procés d’instrucció de manera que la investigació continua oberta. L’operació ICE contra sXe Madrid és una més de les que en els dos últims anys s’ha realitzat contra joves compromesos amb el canvi social. Hi ha una clara persecució ideològica contra la dissidència i estem segures de la innocència dels imputats. Per tot això demanem la llibertat d’en Nahuel i l’absolució de tota la resta d’implicats en el cas.

NAHUEL LLIBERTAT
LLIBERTAT PRESXS POLÍTICS

Actualment, a l’espera de judici, es troba en règim Fies-1-CD, ha estat traslladat 4 vegades de presó i se li ha negat durant un temps la dieta vegana acord als seus principis.

Per escriure a Nahuel:
C.P. MADRID VI
Ctra. Nacional 400, Madrid-Toledo, km.28,
28300 Aranjuez (Madrid)”

Comunicat de Clivella en suport a José Antúnez Becerra

“Desde Clivella, colectivo anticarcelario de apoyo a personas presas en lucha, queremos hacer un llamamiento urgente a la solidaridad con el preso en lucha José Antúnez, y denunciar públicamente la situación de discriminación que padece, acumulando cerca de 40 años de cumplimiento de penas en las cárceles del estado, bajo la imposición de una cadena perpetua encubierta, aun no estando ésta –al menos hasta ahora- amparada por la ley.

José Antúnez fue miembro de COPEL, (Coordinadora de Presos En Lucha), agrupación muy activa durante los años 70 y 80, que llevó a cabo diversas reivindicaciones en todas las cárceles del estado para conseguir la amnistía de todxs lxs presxs, e intento extender una conciencia nueva entre lxs presxs sociales sobre los derechos que les correspondían como seres humanos.

La larga trayectoria carcelaria de Antúnez siempre se ha caracterizado por la denuncia de las frecuentes injusticias, vejaciones, torturas y muertes que con tanta frecuencia se dan en prisión con la complicidad de partidos políticos e instituciones. También con la pasividad de una gran parte de la sociedad que apenas se percata de la vulneración de derechos humanos, marginación o explotación laboral que esconden las cárceles, así como de la doctrina del castigo y humillación por el cual se rigen, dirigido básicamente a los sectores empobrecidos de la sociedad.

Por ello, Antúnez es tratado como un preso hacia el que dirigen particularmente su desidia.

Antúnez lleva prácticamente toda su vida en prisión, en la que ha forjado un espíritu autodidacta y consciente que no han conseguido doblegar ni las peores estrategias disuasorias de la institución carcelaria.

La hipócrita, e incorrectamente llamada, “rehabilitacion penitenciaria” tiene como objetivo intentar doblegar a las personas presas, por medio de malas prácticas como el chantaje y la humillación. En el caso de Antúnez, como en el de tantxs otrxs presxs, la perversión del sistema de “rehabilitación” le ha colocado en la tesitura de, aun aceptando realizar el programa de tratamiento, la administración carcelaria no le permite realizarlo y ni siquiera le hace propuesta al respecto, retrasando deliberadamente su salida de prisión y condenándole a la ya mencionada cadena perpetua.

El espíritu de lucha y la resistencia de Antúnez le han llevado a realizar varias huelgas de hambre. La última, comenzó en enero de 2014 y duró 36 días, para pedir el cambio de cárcel desde Brians 1, donde estaba marginado. Ante las promesas de la jueza de vigilancia penitenciaria y de la dirección de la cárcel, decidió abandonarla. Ha pasado un año desde entonces, y ante la vulneración de sus derechos fundamentales, el pasado 23 de enero comenzó otra huelga de hambre.

La cárcel y todo el sistema penal y policial no afectan sólo a determinadas personas: día tras día, la democracia capitalista que nos gobierna, demuestra que es un eficaz medio de castigo contra todos los sectores sociales insumisos y disidentes. Las cárceles son la expresión más clara del sistema de dominación que sufrimos. Las leyes que precarizan nuestras vidas no hacen distinción: es el péndulo que utilizan para amedrentarnos, bien por medio de penas de prisión, directamente, o con el chantaje económico de las penas-multa.

Con este comunicado, Clivella quiere hacer extensiva la solidaridad con la justa lucha de José Antúnez, como con la de lxs presxs que con su actitud de resistencia en las condiciones más difíciles se enfrentan al despotismo carcelario.

¡¡ABAJO LOS MUROS!! ¡¡SOLIDARIDAD PRESXS EN LUCHA!!

En Barcelona, a 3 de febrero de 2015.”

Comunicat de suport amb les companyes acusades d’expropiar bancs a Alemanya

“Amb aquest comunicat els col.lectius aquí presents volem manifestar la nostra solidaritat amb les companyes acusades d’una sèrie d’atracaments ocorreguts a la ciutat d’Aachen. El que aquí signem no és només una declaració de germanor, sinó també una afirmació de la nostra convicció en què, malgrat la criminalització que pateixen les companyes, reconeixem en els fets que se’ls imputa una pràctica política històricament legítima i practicada pels moviments revolucionaris, així com una mostra clara de que encara queda esperança en un temps on la persecució i la repressió estan a l’ordre del dia.

Entre els anys 2012 i 2014 es van produïr una sèrie d’atracaments a entitats bancàries de la ciutat alemanya d’Aachen. En posterioritat a aquests fets, la brigada policial encarregada de la investigació va engegar una autèntica campanya mediàtica de delació difonent públicament els detalls dels atracaments oferint recompenses a qualsevol que pogués oferir informació sobre persones sospitoses.

L’estiu de 2015 és detinguda a la frontera entre Grècia i Bulgària una companya per una euroordre emesa des d’Aachen sota l’acusació d’haver participat en un dels atracaments el juliol de 2013. Després de varis mesos de presó preventiva a Bulgària, l’extraditen a Alemanya fins ser alliberada per falta de proves. Actualment es troba de nou empresonada a la presó de Köln, després que es decidís la seva extradició des del Tribunal d’Àmsterdam el passat 15 de setembre.

El 13 d’abril d’aquest any a la ciutat de Barcelona, un gran dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra efectua 3 registres; un d’ells al Centre Social Okupat Bloques Fantasma, i els altres dos en domicilis particulars, emportant-se detinguda a una companya. La detenció s’efectua a través d’una euroordre emesa per la fiscalia d’Aachen amb l’acusació d’atracament a un banc el novembre de 2014 a la mateixa ciutat. La companya passa a disposició de l’Audiència Nacional sota l’ordre del ja tristament conegut jutge Eloy Velasco per, posteriorment, ser empresonada a Soto del Real fins la seva extradició el passat 29 de juny. Actualment es troba a l’espera de jucici a la presó de Köln.

La darrera detenció es produeix aquest 21 de juny a Barcelona, on un company és acusat d’haver participat a l’atracament de novembre de 2014, empresonat a Soto del Real i extraditat a la presó alemanya d’Aachen, on es troba en a l’espera de judici en una situació semblant a les dues companyes.

Totes aquestes detencions són producte d’una intensa i estreta col.laboració entre policies europees. Una col.laboració que es concreta a través de l’intercanvi d’informació i favors. En allò concret, la base de la investigació es fonamenta amb els rastres d’ADN que la policia alemanya decideix contrastar amb les dades de la resta de policies europees. A partir d’aquest moment s’estrenyen uns llaços policials que segueixen materialitzant-se a través d’euroordres i col.laboració tècnica.

Per altra banda, tant la premsa alemanya com la catalana i espanyola no han deixat escapar l’oportunitat d’assenyalar i desenvolupar sobre les nostres companyes el relat i interessos del poder.

Però nosaltres ens mantenim fermes, tant les nostres conviccions com el nostre propi relat:

Sigui quina sigui l’evolució del procés judicial, volem mostrar públicament el nostre suport cap a les companyes, reivindicant com a nostres els objectius polítics revolucionaris, la seva lluita i la seva activitat militant. L’intent mediàtic de convertir-les en un perill públic no podria resultar més pervers. Sobre tot quan aquesta operació de manipulació mediàtica implica presentar com a víctimes els bancs, en una inversió total de la realitat que dignifica aquells que ens han estat robant, exprimint, estafant, desnonant i retallant impunement durant anys, mentre criminalitza qui es rebel.la contra el seu ordre i s’atreveix a atacar-los.

A nosaltres ens és del tot indiferent si són realment responsables o no d’aquests atracaments. L’expropiació bancària és una pràctica èticament justa i políticament legítima, un mètode de lluita que forma part de la història dels moviments revolucionaris.

La cacera policial i mediàtica desplegada arrel d’aquests atracaments a Alemanya no ens ha de fer perdre la perspectiva ni confondre’ns d’enemic. La detenció de les nostres companyes és un motiu més per combatre aquestes èlits i el sistema que representen; un sistema únicament mogut per l’acumulació de diners en unes poques mans a expenses del patiment, la despossessió i l’explotació de la resta. Ni la persecució policial ni la propaganda massiva del règim poden ocultar allò que ja és evident per tothom, i és que, com va dir el poeta, quin delicte és robar un banc comparat amb fundar-lo?

Llibertat anarquistes preses!!!

A terra els murs de les presons!!!”